domingo, 24 de noviembre de 2013

Víctimas de violencia de género en los CIEs

Esta semana, hemos tenido en Marienea (Casa de Mujeres de Basauri) a la Catedrática de Derecho Penal, Margarita Martínez Escamilla, para presentar el trabajo dirigido por ella misma sobre la situación de las mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, entraron durante 3 meses y medio en el CIE de Aluche (Madrid) con interés científico pero también de compromiso social con los derechos humanos: querían saber cómo llegaban las mujeres que se encontraban en estas "cárceles administrativas", es decir, cuáles eran sus trayectorias hasta verse con sus huesos encerradas en estas dependencias gobernadas por instancias policiales.
A pesar de que el tiempo que pudieron dedicar a las visitas al CIE-Aluche se viera severamente mermado por la negativa del director del centro a darles paso, las 24 entrevistas que llevaron a cabo son un indicio claro de que existen irregularidades en el proceso de detención, proceso administrativo y retención de personas en situación irregular en el país. 
Desde la red Sin Rejas, ya informamos en Píkara Magazine acerca de este y otros informes que llamaban la atención sobre la situación de las mujeres en los CIEs, con motivo del 15 de Marzo, jornada de reivindicación de la abolición de este tipo de establecimientos, pieza clave del engranaje de represión y control de la inmigración de los países empobrecidos hacia Europa.
Pues bien, en esta ocasión, y con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, queremos destacar el hecho de que algunas de las mujeres entrevistadas en el estudio fueron objeto de trata de seres humanos y de violencia de género antes de entrar en el CIE, cuestión que no fue abordada por las instancias implicadas en el proceso de expulsión, dejando así a las mujeres sin la protección necesaria contemplada por la legislación vigente, tanto en lo referente al Derecho de Asilo, como a Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género. 
Al tratarse de un estudio sin representatividad estadística, no es posible extrapolar esta conclusión a la generalidad de mujeres "retenidas" en los CIE. Sin embargo, los hechos son de suficiente gravedad como para dar la señal de alarma. Precisamente, una de las conclusiones más relevantes del informe es esta presencia de mujeres víctimas de trata de seres humanos, en concreto de trata con fines de explotación sexual: 
"En la mayoría de los casos pasan inadvertidas por el  CIE sin ser detectadas, sin que nadie se percate de que se hallan en situaciones extremas, mujeres  violadas,  ultrajadas,  vendidas, mujeres  marcadas  por  profundos  traumas. En  otras  ocasiones,  a  pesar  de  que  alguien hace  sonar  las  alarmas,  la  inexorable política  migratoria  impone  sus  razones  a  costa  de los  derechos  más  básicos, desoyendo a estas mujeres, metiéndolas ―otra vez por la fuerza― en un avión que las arrojará de nuevo a la desesperación y probablemente a las manos y bolsillos de sus tratantes" 
¿Cómo es posible que mujeres que estarían protegidas por la legislación española se encuentren desamparadas y sancionadas por la misma? Son varias los elementos que entran en juego. Por una parte, que la mujer afectada no haga saber que ha sido víctima de trata, ya que para ello hace falta que se den las condiciones de tranquilidad y confidencialidad, que favorezcan que hablen de su situación. No hemos de olvidar que muchas de ellas desconocen sus derechos y se sienten desconfiadas ante las instancias oficiales, por desconocimiento del idioma y por desorientación. Por otra parte, en caso de que comunique los hecho, puede ocurrir que, de manera inexplicable, no se tenga en cuenta en cuenta para paralizar el proceso de expulsión. Así, el informe menciona el caso de una de las mujeres entrevistadas, identificada en el informe con el nombre ficticio de Bianca:
"Procedía de Brasil y finalmente fue identificada como víctima de trata de seres humanos. Bianca no tenía miedo a la expulsión ya que después de once años en España había conseguido pagar la deuda que contrajo con quienes la habían trasladado a nuestro país, e incluso construir una pequeña  casa  donde  podría  vivir  con  su  hija,  y  no precisaba  de  demasiado  dinero para  salir  adelante  ambas.  Lo  que  a  Bianca  le  producía  auténtico  pavor  era  la citación que se le había practicado para declarar como testigo en un juicio por trata que  se  iba  a  celebrar  en  breve.  Aunque  parezca  increíble,  a  pesar  de  ser  testigo ―quizá fundamental― en un proceso penal por trata de seres humanos, Bianca se encontraba ingresada en un Centro de Internamiento, pendiente de una expulsión que  en  cualquier momento  podía  ejecutarse.  Nos  relató  atropelladamente  un rosario  de  malos  tratos  y desgracias  en  muchos  de  los  cuales  había  intervenido  la policía, hasta el punto de afirmar que la primera vez que la policía la había tratado bien  había  sido  en  el  CIE  de  Madrid (...) Le preguntamos  por  lo  sucedido  en  la  vista  judicial  para  resolver  sobre  su internamiento y se quejaba del trato poco respetuoso del juez, que ni la escuchó en ningún  momento,  ni siquiera  cuando  le  mencionó  su  condición  de  testigo  en  un proceso.  
Este es un ejemplo del panorama de los CIEs respecto a las mujeres, caracterizado por un enorme galimatías legal  y una gran falta de sensibilidad de los agentes jurídicos implicados, dando como resultado la retención de mujeres que, como decimos, deberían estar protegidas por esa misma legislación. ¿No estamos hablando de casos de violencia institucional? De ser así, es urgente sacar a la luz estos casos, y poner las medidas oportunas para que no se repitan, porque a la violencia directa, se le está añadiendo una violencia indirecta, que causa una doble victimización.
En la misma línea, el estudio  menciona el caso de una  de  las  mujeres  entrevistadas, quien acudió  a media noche  a  la  comisaría  de  un  pueblo  de  Badajoz  para  denunciar  una agresión por parte de su pareja. Al comprobar la policía que tenía una orden de  expulsión,  se  solicitó  auto  de  internamiento  y  fue trasladada  al  CIE  de Madrid. 
También se constató "el caso de una joven subsahariana que había salido de su país huyendo de un matrimonio  forzado  con  el  hermano  de su  madre,  o  la  de  la  transexual  que  fue captada con catorce años por un pederasta y que cumplida su mayoría de edad fue traída a España para convivir con él y encargarse de las tareas domésticas; casos que  podrían  subsumirse  en  el  concepto  amplio  de  trata  que  no  exige  el  beneficio económico como elemento definitorio".
Podemos encontrar más información sobre este y otros aspectos recogidos en la investigación, en el libro en papel o su versión gratuita en pdf  (pinchar aquí). Por su parte, el diario.es dedicó un amplio reportaje a este estudio en su blog Interferencias.
Sea como sea, tengamos presentes a estas mujeres durante el 25N y el resto del año, para que casos como los descritos aquí no se repitan. Es urgente y necesario. Es de justicia y derechos humanos acabar con políticas represivas contra la inmigración, y es necesario que las administraciones protejan a las mujeres vulneradas, no que las maltraten nuevamente. Vengan de donde vengan, sean del color que sean.